Publicado el 10-04-2008
La hora de la verdad
Por Oscar Espinosa Chepe
El pueblo cubano se enfrenta a uno de los momentos más trágicos de su
historia. Después de 20 años de crisis profunda, en que se han acumulado
todo tipo de problemas, la Isla ha sido azotada por dos devastadores
huracanes en un plazo de breves días. Por si fuera poco, el mundo está
inmerso en una grave crisis financiera, con efectos terribles para los
países del Tercer Mundo, en especial aquellos carentes de reservas y por
consecuencia prácticamente inermes como Cuba.
Todo parece indicar que en sectores del gobierno cubano no hay plena
conciencia del desastre actual y la posibilidad de que sea aún mayor.
Esta afirmación se desprende de las medidas que ha tomado respecto a la
falta de productos agrícolas. El 29 de septiembre, el diario Granma
publicó en toda la primera página una ¨Información a nuestro pueblo¨,
donde se describe la carencia de alimentos existente y su prolongación a
los próximos meses, pero se regresa a los tradicionales métodos
autoritarios y represivos, aplicados durante decenios sin promover
verdaderas soluciones.
Ciertamente en estos difíciles momentos hay que tomar fuertes medidas
contra el robo y la especulación, pero no al punto de poner una camina
de fuerza a los productores, que desestimule su laboriosidad. Ahora las
autoridades han decidido que, en los mercados de oferta y demanda para
los campesinos privados, se establecerá provisionalmente como precios
máximos los existentes antes de los huracanes para un grupo de productos
básicos, sin definir cuales serían.
Esto se ha hecho sin considerar que el pasado 8 de septiembre el mismo
día que el huracán Ike entró por la provincia de Holguín y atravesó toda
la isla, se aumentó el precio del diesel en 86,0% y, las gasolinas en
más de un 60,0% como promedio. El diesel es básico en los costos de
producción agropecuaria para la maquinaria agrícola y la transportación
de los insumos y las cosechas. Esta medida se agrega a los elevados
precios cobrados por el estado a los campesinos por los aperos de
labranza y otros elementos indispensables para las labores agrícolas,
incluida la ropa y el calzado de trabajo. Las consecuencias no se
hicieron esperar y, al menos, en la populosa ciudad de La Habana gran
parte de los mercados, en particular los estatales, están cerrados y los
que aún permanecen abiertos han reducido sus ofertas en más del 80,0%.
Es verdad que estas situaciones de catástrofes son utilizadas para la
especulación, el agio y el acaparamiento por elementos inescrupulosos.
Pero resulta imposible combatir estas inaceptables actitudes solamente
con represión, sino que debe hacerse fundamentalmente a través de
medidas económicas. El Estado cuenta con más del 80,0% de las tierras
cultivables para resolverlo, así como con la abrumadora mayoría de los
comercios.
Si el gobierno quisiera, podría poner precios fijos a los productos
distribuidos por sus entidades, subvencionando las pérdidas ocasionadas
a las unidades distribuidoras. Por otra parte, existe un mecanismo de
racionamiento de más de 46 años, el cual podría ser utilizado para
vender productos a precios inferiores o dirigir las entregas de
artículos básicos a los sectores poblacionales más débiles; todo con el
objetivo de ejercer control sobre los precios de los productos ofertados
en el mercado libre.
Constreñir a la fuerza los precios de los productos del sector privado
desestimulará la producción y por ende la oferta. Ello podría contribuir
a incrementar la escasez y como consecuencia alentar el mercado negro
con precios superiores. Hay que recordar que el pequeño sector campesino
con el 18,0% de las tierras cultivables, es el más eficiente del país a
pesar de todas las trabas y prohibiciones afrontadas durante años. Ellos
por decenios han otorgado los mayores beneficios a la sociedad con el
suministro de productos de mayor calidad y cantidad por área, sin
representar una carga financiera para el Presupuesto, al contrario han
contribuido con su aporte. El sector estatal de la agricultura
-supuestamente socialista- solamente ha socializado la ineficiencia y
las pérdidas que toda la sociedad ha tenido que sufragar; un verdadero
agujero negro de recursos que pudieron haberse utilizado para el
progreso y el bienestar de la nación.
El gobierno cubano debería replantearse esta situación, pues
indudablemente su remedio represivo podría ser peor que la enfermedad,
como ya se está apreciando en la menguada oferta de productos. La
experiencia ha demostrado que la fuerza no contribuye a que las vacas
den más leche o que los campos den más comida; históricamente ha
sucedido todo lo contrario. Para limitar el robo y los desvíos de
recursos, más que inversión en cárceles y carceleros, se requiere la
motivación de los productores y el fortalecimiento de la contabilidad y
la estimulación de los especialistas en finanzas y la economía en
general, actualmente frustrados por la falta de atención.
El pasado 27 de septiembre, el periódico Juventud Rebelde publicó que,
en una encuesta realizada por el Ministerio del Trabajo y la Seguridad
Social, en 679 empresas incorporadas al Sistema de Perfeccionamiento
Empresarial, que deben ser las mejores del país, se encontraron
significativas deficiencias en los sistemas de pago por resultado, lo
cual denota hasta donde llega el desorden. Si en estas empresas "modelo"
existen tales problemas, podrá imaginarse que queda para las demás
entidades, donde se estima que más del 60,0% prácticamente carece de
contabilidad.
Cuba no necesita más prohibiciones y represión. En esta hora de
definiciones se requiere con urgencia transformaciones radicales a un
sistema disfuncional y el cese del bloqueo a la iniciativa de los
ciudadanos.
La Habana, 2 de octubre de 2008
• El articulista es economista
y Periodista Independiente
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